Violencia de género. ¿Cómo enfocar la política pública?

Salomé Vacacela M. – EqD consultores

La desigualdad contra las niñas y mujeres, en su diversidad, tiene sus raíces en las relaciones binarias de poder entre hombres y mujeres, ejercidas mediante prácticas discriminatorias que subordinan a las mujeres al poder patriarcal reproducido por las instituciones sociales, políticas y económicas y que muchas veces se manifiesta con violencia.

 

La violencia contra las mujeres se ejerce de diferentes formas (física, sexual, psicológica, económica y patrimonial, y simbólica) y modalidades (doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática) siendo en palabras de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, “el femicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres”.

 

En ese mismo sentido, la CEPAL ha señalado que el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres son escenciales para el desarrollo inclusivo y sostenible y ha realizado varios llamados a que los países den prioridad a las políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en la región.

 

En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de género en algún momento de su vida; y desde la tipificación del femicidio como delito en agosto de 2014 hasta agosto de 2018 se han registrado 298 casos siendo las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí los territorios de mayor incidencia de femicidios, de acuerdo a la Comisión Especial Interinstitucional encargada de las estadísticas de seguridad y justicia.

 

Los Estados, en todos sus niveles, tienen la obligación de garantizar los derechos de todas las mujeres y de prevenir y erradicar la violencia basada en género. Los gobiernos locales tienen un rol primordial en esta lucha pues constituyen los espacios más cercanos a las personas y están facultados para disponer políticas y estrategias específicas en cada territorio.

 

Existen experiencias valiosas en la región que apuntan a la prevención y atención de los casos de violencia contra las mujeres.  Rainero et al. (2006) y Agüero (2018) revisan los programas implementados en América Latina, y concluyen que los principales determinantes para reducir la violencia contra las mujeres son la autonomía económica (políticas activas de empleo para mujeres, regulación que fomente la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, y mecanismos de aseguramiento de ingreso con enfoque de género que permitan des-feminizar la pobreza) y el acceso a servicios de atención integral (legal, médica y psicológica), así como el fortalecimiento de aspectos preventivos mediante organismos con poder de policía (como la Guardia Urbana Municipal de Rosario), comisarías para casos de violencia (como la Delegacia da Mulher en São Paulo), y la participación activa de organizaciones de mujeres (como el Programa Comuna Segura – Compromiso 100 en Chile).

 

Por su parte, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Arts. 19 y 38) y su Reglamento General (Art. 24) de febrero y junio de 2018, respectivamente, disponen a los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador elaborar e implementar estrategias para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial.

 

En ese marco, el efectivo cumplimiento de la recientemente aprobada Ley requiere consolidar un sistema único de información basado en registros administrativos confiables, la generación de estadísticas actualizadas y territorializadas (la última encuesta oficial nacional se realizó en 2011); establecer mecanismos claros de incidencias de las organizaciones sociales de mujeres en la política pública; generar planes de fortalecimiento institucional de todos los niveles de gobierno que vayan más allá de la búsqueda de conciencia, compromiso y voluntad, sino que aborden la formación del personal, la revisión de los modelos de gestión de los servicios de atención y protección a víctimas y posibles víctimas de violencia y la sostenibilidad fiscal de dichos servicios.

 

Debemos superar las buenas intenciones y los discursos desprovistos de propuestas serias.  La construcción de estrategias territoriales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres se debe realizar con información fiable, con base científica que permita establecer programas y proyectos de alto impacto, y fomentando la réplica y masificación de buenas prácticas regionales.

 

Referencias:

Agüero, J. M. 2018. La violencia de género en América Latina: diagnóstico, determinantes y opciones de política. CAF-Working Paper, 2018/16.

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 2018. Ecuador.

Rainero, L., M. Rodigou, S. Pérez & B. Giobellina. 2006. Herramientas para la promoción de ciudades seguras desde la perspectiva de género. CISCSA – Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur. Córodoba.

Reglamento General de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 2018. Ecuador.


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